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Hasta 36 meses de cárcel e inhabilidad para ejercer cargos públicos podría pagar el Alcalde (e) Andrés Rugeles

Así lo estipula el argumento de la denuncia radicada ante la Procuraduría General de la Nación por el presunto allanamiento ilegal llevado a cabo en el despacho de la Alcaldía el pasado sábado seis de abril.

El recurso firmado por el abogado Carlos Gómez Pavajeau, el cual fue radicado el día de ayer, vincula también en la investigación al supuesto asesor de Rugeles, identificado como Emiro Castro, quien basado en los folios de la denuncia instaurada, no es contratista ni funcionario de la alcaldía de Santa Marta.

Asimismo, apertura de investigación hacia los supuestos funcionarios de la Departamento Nacional de Inteligencia quienes llevaron a cabo la operación bajo acciones legalmente no establecidas.

Posibles delitos.

El Alcalde encargado, Andrés Rugeles, quien se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, pudo haber incurrido en una presunta extralimitación de funciones, que se podrá configurar como un Abuso de Función Pública, que según el artículo 428 del Código penal se configura de la siguiente manera:

“El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.

Delito que pudo haberse configurado en concurso con el de Empleo Ilegal de la Fuerza Pública, consagrado en el artículo 423 del Código penal.

Sin embargo, la denuncia también especifica que en caso de no haberse configurado alguno de los tipos penales anteriores, pudo haber tipificado el delito de Abuso de Autoridad por Acto Injusto, consagrado en el artículo 416 del Código Penal, que reza:

“El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.

En el caso del asesor Emiro Castro, la denuncia especifica que este supuesto funcionario pudo incurrir en el delito de Usurpación de Funciones Publicas, contenidas en el artículo 425 del Código penal vigente, que señala que “el particular que sin autorización legal ejerza funciones públicas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses.

La denuncia también mención la posible comisión del delito de Simulación de Investidura o Cargo, consagrado en el artículo 426 del Código penal, el cual prescribe “el que simulare investidura o cargo
público o fingiere pertenecer a la fuerza pública, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y en multa de tres (3) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lo anterior, en concurso con los delitos informáticos que se tipifiquen en la intervención de equipos de la Alcaldia ingresados al despacho del Alcalde distrital.

En el folio de la denuncia se refiere también que en cuanto a las personas indeterminadas supuestamente pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, cometieron los delitos consagrados en la ley 1273 de 2009, que añadió un nuevo título al Código Penal, el VII BIS, que trata “de la protección de la información y de los datos”, e incorporó los artículos aplicables a este caso, 269A a 2690, y 269H, que prescriben:

Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización.

Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático.

Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos.

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Citando además el artículo 90 acerca de requerimientos adicionales a los establecidos en el Plan Nacional de Inteligencia, en donde se especifica que estos solo podrán ser determinados por el Presidente de la República, de manera directa o a través del funcionario público que este designe de manera expresa para ello; el Ministro de Defensa; y, para efectos de cumplir con las funciones de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el Alto Asesor para la Seguridad Nacional.

Los demás miembros del Consejo de Seguridad Nacional podrán hacer requerimientos a través de la secretaría técnica del Consejo, que dará trámite para su priorización. Lo anterior, sin perjuicio de los requerimientos que puedan hacer los comandantes de unidades militares y de policía, y los directores de inteligencia para el cumplimiento de su misión constitucional.”

Con base en lo anterior, y de acuerdo al argumento de la defensa, El Dr Rugeles, no estaba facultado para hacer dicho requerimiento verbal según la ley estatutaria, que es posterior y de mayor jerarquia que el decreto que creó la DNI, y al hacerlo, como confesó públicamente, cometió un delito, e incurrió en la transgresión del marco disciplinario, y politico constitucional, pues utilizó la Policía política del estado, sin estar autorizado para ello, y para un fin que no está dentro de los determinados por el marco constitucional ni legal, o que obliga a un control de tipo disciplinario y político por un evidente desafuero, que no solo afectó a la colectividad política Fuerza Ciudadana, que administra la ciudad de Santa Marta, sino quees un aliada de los partidos de oposición en Colombia, como es públicamente sabido.

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