Santa Marta

Rugeles se equivocó al destituir de su cargo al secretario de Planeación

Francisco García Rentería, fue despedido pese a contar con incapacidad médica. De acuerdo a la Corte Constitucional, Rugeles debe reincorporarlo sino quiere incurrir en falta disciplinaria.

Tras el despido masivo de ocho secretarios del gabinete distrital, un hecho ha generado inconformismo entre la ciudadanía, se trata de la desvinculación laboral de la que fue enterado el secretario de Planeación, Francisco Rentería, estando este internado en una clínica de la ciudad.

De acuerdo al abogado Vilbrum Tovar, especialista en Derecho Laboral y ex jefe de la oficina del trabajo en el Magdalena, existen unos ítems en la jurisprudencia que se deben precisar ante esta decisión y que cobijan al funcionario despedido.

Se trata de los requisitos especiales que menciona la Corte Constitucional en las sentencias proferidas desde 2010, para que la acción de despido tenga validez, las cuales según el jurista no habrían sido tenidas en cuenta en este caso.

La primera de ellas, desconocer la incapacidad médica que poseía el funcionario al estar internado en una clínica de la ciudad días antes de su destitución producto, según la historia clínica, de una angina de pecho, (dolor en el pecho a raíz de irrigación sanguínea al corazón).

Segundo, la no recopilación de información que permitan comprobar que haya existido insubsistencia laboral.

Tercero, el cargo como secretario de Planeación no ha sido modificado de la estructura laboral de la administración, es decir, que no se haya anulado la función, razón por la cual, debe seguir siendo ejercido por el funcionario hoy destituido.

Por último, y quizás la más importante, la desvinculación de Rentería, quien cuenta con incapacidad, debió ser solicitada por la oficina del trabajo, toda vez ante este órgano hiciera la solicitud el alcalde encargado argumentando los hechos con los que considera la insubsistencia laboral, ítems que estudia la oficina pública quien decidirá respaldar o no dicha desvinculación.

Ante el no cumplimiento de lo anterior, el empleado tiene derecho a exigir su reintegro, teniendo en cuenta el atropello a su estado de vulnerabilidad, acción que se le conoce como estabilidad laborar por fuero de salud.

Ante la situación, el jurista indica que el alcalde debe reconocer que desconocía el estado clínico del secretario y subsane su decisión dejando sin efecto su desvinculación.

Dado el caso de seguir bajo condición de incapacidad, deberá nombrar en temporalidad a otro funcionario en el cargo.

Por su parte, Rentería tiene derecho a además de exigir su reintegro, al cobro de 180 días laborales bajo el concepto de afectación que pudo causar la noticia de despedido al estar incapacitado.

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Eduardo Luis Cantillo

Comunicador Social y Periodista - Universidad Sergio Arboleda Director Eventos Santa Marta
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