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¿Hacia donde debe ir la Gestión Integral de la Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Departamento del Magdalena?

A propósito del consejo de seguridad ampliado convocado por el gobernador del Magdalena

“Nuestras formas de vivir están moldeadas por nuestra mente y terminamos convirtiéndonos en lo que pensamos. Por ende, si tienes la cabeza jodida, así de jodida tendrás la vida”.

Siddharta Gautama, quien es el primer Buda y fundador del budismo (c. 563/480 – c. 483/400 a.C.), describía en sus apartes de la sabiduría ancestral en lengua indoarias del buddhavacana que: “nuestras formas de vivir están moldeadas por nuestra mente y terminamos convirtiéndonos en lo que pensamos”.

Traducido al costeñol, en palabras de David Sánchez Juliao sería, si tienes la cabeza jodida, así de jodida tendrás la vida.

Jodida tendrás la vida. Es esa justa expresión la que nos lleva siempre a estar viviendo en espirales clotoides o girando en una rotonda de violencia con expresiones criminales ya vividas, pero con otros actores o los mismos que están de forma intermitente en diferentes momentos dada sea su situación.

Toda nuestra vida durante estos 200 años hemos vivido entorno a la violencia, bien sea a nivel nacional, departamental o local. Tiene mucho que ver con nuestros pensamientos como sociedad, buscando una solución narcoparamilitar, narcoguerrillera o narcocriminal, y en eso, es en lo que nos convertimos.

De nada vale el desarme de un actor de la guerra, del efecto de la justicia con el paramilitarismo en desmembrar a 600 líderes políticos cuándo los ciudadanos que elegimos, volvemos a colocarlos en el poder, cuándo los territorios no fortalecen el acceso a la justicia y las autoridades regionales no inician un proceso de impulso y transformación social que permitan sacar a sus territorios de esos ciclos, vamos a seguir en la misma trayectoria.

De esto último recomendaría leer el libro de Léon Valencia, sobre los clanes políticos que mandan en Colombia. Próximo a vender, pero ampliamente publicitado en radio nacional.

Un ejemplo de esto fue el caso del ex paramilitar Fredy Castillo Carrillo “Alias Pinocho”. Quién ahora es líder comunitario o líder natural del corregimiento de Guachaca.

Sea diverso el motivo o naturaleza de su intención, me salta una pregunta, ¿la gente como puede darle una posición de vocería a quienes los llevaron a sus peores condiciones?, y luego me viene otra, ¿Darías a cuidar tu negocio a quien ya te robo? Una burla a esa oportunidad fue la sucedida en Ciénaga, en el corregimiento de Palmor, sus habitantes le dieron la oportunidad a los Rojas “Ex paramilitares”, de tomar una vocería en los escenarios sociales y con ese disfraz de líderes comunitarios, secuestraron a la sobrina de Gabriel García Márquez.

Nuestras formas de pensar nos llevan todo el tiempo a vivir estás espirales de violencia, donde a cada generación le toca superar los mismos fantasmas, en un momento se aprecia un avance, pero se vuelve al mismo recorrido, y nunca se puede construir bases para un mejor futuro en esta condición.

Y es sobre esto que quiero hablar, las Bases sobre un mejor futuro. El 15 de febrero cerró el Consejo Departamental Ampliado de Seguridad y Convivencia, con una extensiva participación departamental, estuvieron sectores empresariales, organizaciones sociales, ciudadanos y alcaldes con sus respectivos secretarios de gobiernos.

El trabajo principal de la mesa es sumar voces que permitan conocer el fenómeno y posibles soluciones y porque no, suministrar información al Plan de Desarrollo Departamental en esos ejes de Gobierno.

Entrevistando a varios asistentes y escuchando al Gobernador sobre las conclusiones del evento pude entender que la línea central para este PDD en seguridad y convivencia ciudadana es centrarla en la seguridad humana y luego disminuir el rubro a la fuerza pública para ampliarla en Convivencia.

Y creo que en esas dos esferas no iríamos muy bien, entramos en un error de enfoques.
La gestión de la seguridad humana debe ser una garantía y esfuerzo de la estrategia central de la Gobernación, de integrar múltiples agentes hacia la paz y el desarrollo, a la superación de miseria, la vulneración de derechos y sobre todo la búsqueda general del bienestar.

En Cambio, la gestión de la convivencia y seguridad ciudadana debe ser un pilar de la secretaria del interior que sume un rol y una parte de esa seguridad humana que debe tener la gobernación como eje central, cuya seguridad humana tiene enfoques más amplios que se salen de la órbita de la secretaria responsable.

Vamos a centrarnos en la Seguridad y convivencia ciudadana, la cuál debe articularse a los procesos de postconflicto y vincular a la JEP en toda la estrategia, Porque no se nos puede olvidar el papel del Magdalena, sus clanes políticos, sus actores criminales por regiones, líderes paramilitares, el pacto de chibolo donde 404 personas lo firmaron y solo 19 fueron juzgadas, de donde salió Chelo Dávila como candidato a la gobernación y condenado por esta alianza, y tiempo después nos imponen a Trino Luna, tal cual como sino aprendiéramos.

Estás historias nos deben servir de guía, que si en Santa Marta es difícil desterrar el reducto paramilitar y narcotraficante, como será en el departamento donde apenas vamos a saber cómo estamos, porqué realmente no hay datos para lograr entender su magnitud social y redes.

Tenemos un aprendizaje en Santa Marta que debe ponerse en contexto con la temporalidad jurídica, el proceso post-acuerdo de paz, la diferencias en la dinámica delictiva que hay por municipio y subregión, el impacto de la ruptura del tejido social que dejo el paramilitarismo y la guerrilla, y las construcciones subregionales que se deben dar contra la ilegalidad, la criminalidad y mejores patrones de convivencia.

Las líneas de trabajo para estos cuatros años podrían ser las siguientes:

1) Construir una red institucional y civil para depurar información y contextualizarla. 2) Fortalecer la infraestructura logística, tecnológica y operativa de las autoridades. 3) Focalizar los indicadores por subregiones, ciudades, barrios y zonas locales de los barrios, los 100 barrios más peligrosos del departamento y con ello la constelación delictiva de las subregiones. 4) Conocer los principales correderos ilícitos y criminales del departamento. 5) Fortalecer el trabajo regional, y con ello, la operación regional y la oferta interdepartamental. 6) La lista de Bandas criminales por Ciudades del Departamento y la compresión regional de la dinámica o flujo criminal. Esto es importante porque entenderemos que BACRIM de Bolívar, Guajira, Atlántico y César operan en nuestro departamento.  7) Focalizar grupos sociales con mayor índice de pobreza multidimensional, víctimas del conflicto, exclusión social, población rural dispersa y vulnerabilidad cultural, barrios de residencia de los victimarios y zonas Hot spot por cada municipio. 8) Construir un observatorio escolar para establecer patrones escolares de consumo, abuso y reclutamiento de NNAJ. 9) Fortalecer el sistema SRPA departamental y pautas de prevención para trabajar con los NNAJ en todo el departamento. 9) Construir el mapa de conductas sobre la violencia de género y sus principales factores a combatir, estimulado desde la denuncia y construcción de colectivos. 10) La prevención sobre la trata de personas.

La idea que tienen ahora mismo de disminuir la capacidad logística y operativa de las autoridades no puede concretarse. Si eso sucede, disminuyen la operatividad de quienes hacen la verdadera gestión en el diario vivir de la criminalidad. Creer que eso nos lleva a la vanguardia está mal. Se debe hacer una mezcla de estrategia: capacidad institucional y fortalecer los escenarios civiles para la convivencia y la participación social en el departamento, un doble flujo y entra ellas su mezcla.

Esta mezcla, debe crear como resultado de esas estrategias una red de inspectores de policías, comisarías de familias, jefes de núcleos educativos y nodos gremiales como el turístico y agroalimentario, que le permitan a un observatorio de seguridad y convivencia ciudadana departamental, conocer roles territoriales que la instituciones no brindan.

Y en eso no meter a líderes sociales, son quienes ponen el pellejo y termínanos siendo carne de cañón, para la muestra un botón, como sucede en Santa Marta son los más amenazados y vilmente asesinados. Lo mejor para los líderes sociales, es ofrecer una plataforma virtual de denuncias de dinámicas sexuales, microtráfico, zonas de consumo, presencia de BACRIM o GAOI. Está red brindará información sobre el contexto diario que se complementará con la información SPOA de la fiscalía, que luego puede ser verificada por toda la red de profesionales a cargo del observatorio y las autoridades.

La segunda es el diagnóstico, se debe no sólo priorizar la parte de la dinámica delincuencial y ciudadana, también se debe establecer el déficit tecnológico, de hombres, de modalidades, infraestructura y logístico que tiene el departamento sus subregiones y ciudades, a su vez los principales factores facilitadores y generadores de estas actividades delictivas y contravencionales, que ayudaran a construir enfoques preventivos.

En cuanto a lo regional, se deben entablar y concurrir con los otros departamentos esfuerzos operativos e institucionales para combatir la constelación delictiva y los patrones ciudadanos que afectan la convivencia en el Departamento, esto se concreta en reuniones de consejos de seguridad ampliados, donde se invite al gobernador (a) del otro departamento a conocer mejor estos corredores criminales inter-departamentales. Lo otro,  son estrategias de reconocimiento constante del territorio, bien sea en los consejos subregionales de orden público por fiestas locales y regionales como semana santa, vacacionales y carnavales, pero además tener un sentido estricto y diferenciador con las subregiones turísticas y productivas, lo que conlleva a realizar censos sociales en regiones donde llega demasiada población flotante en épocas de cosechas, entre otras estrategias para ir conocimiento nuevos actores y nuevas dinámicas.

La Gobernación debe también, ampliar una red de Profesionales al servicio de estás estrategias. Profesionales que estén en los municipios apoyando la capacidad local para fortalecer su gestión y microterritorializando de las estrategias departamentales, brindándoles a los magdalenenses el acceso a la justicia y resolución de conflictos menores, como también habilitar la construcción de escenarios que permitan laboratorios sociales para la implementación de los acuerdos por medio de la Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la agencia de renovación del territorio.

El alcance debe ser primero las Subregiones y los Municipios con mayor población dispersa y vulnerable en los primeros 2 años e ir ampliando en el 3er año la cobertura al resto del Departamento. Esto debe avanzar desde la hoja de navegación que es el PISC (Plan integral de Seguridad y convivencia ciudadana), donde lo intersectorial y la inter-agencialidad de las secretarias de la gobernación y demás organizaciones públicas deben establecer una batería de oferta para llevar a los 100 barrios focalizados, zonas PDET y zonas Dispersas, eso en corto plazo y luego al resto del departamento en el largo plazo. Está oferta por ejemplo podría ser la de Cajamag, Profamilia, SENA, Universidades, la secretaria de educación, cultura, turismo, entre otras dependencias y organizaciones. Que lleguen mensualmente con oferta masiva y constante con oferta formativa bien sea virtual o presencial, como funcionó con la Red Equidad.

El Departamento debe centrar su estrategia desde la secretaria del interior en una gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana, tal cuál como lo hizo en Santa Marta, y que bueno que la Excoronel Sandra Vallejos hoy tenga ese lema en su discurso.

El departamento en sí, es un camaleón territorial, donde sus criminales son más agiles que la institucionalidad, esa debe ser la premisa, y para combatirla hay que llevar una batería institucional que permita conocer actores, patrones, necesidades y capacidades.

Es con ello que, en estos 4 años, el modelo de una gestión integral de la seguridad y convivencia debe abrigarse en el post-acuerdo, en la construcción de un nuevo tejido social alejado de la connivencia con la ilegalidad electoral, criminal, paramilitar y guerrillera, buscando la corresponsabilidad, y sobre todo el legado de un plan maestro de infraestructura, logística, tecnología y oferta institucional que le permita al departamento ser uno de los más seguros de Colombia.

Por ello, ampliar la Gestión de la seguridad y convivencia ciudadana hacia las acciones de la seguridad humana, es delegar a los instrumentos de ella tomar vectores que no le corresponden, la seguridad humana es un pilar de la Gobernación que debe agenciarse desde cada una de las secretarias, y la secretaria del interior solo apoyar esa seguridad humana desde la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana, nada más, con aquello que le corresponde.

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Cesar Barros

Ingeniero Industrial – Universidad del Magdalena (Colombia) Especialista En Economía Urbana - Universidad Externado de Colombia (Colombia) Magister en Desarrollo Económico y Territorial – Universidad de Cádiz (España)
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