Santa Marta

¿Qué favor político hay detrás de la reciente demanda contra Carlos Caicedo?

¿Por qué desde Bogotá, el abogado Danny Julián Quintana, exdirector del CTI e investigado por presunto cartel de corrupción en la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía demanda al gobernador del Magdalena?

Dice el viejo adagio, que al árbol que da más sombra es al que le tiran piedras, y de eso bien que puede hablar Carlos Caicedo Omar, quien en calidad de gobernador ya recibió de esfera nacional el primer intento de desestabilización jurídica en medio de la pandemia del Coronavirus.

Pues resulta que hace algunas semanas, el mandatario fue demandado por presunto ‘prevaricato por omisión con circunstancia de mayor punibilidad’, al parecer, por no haber girado a tiempo los recursos de la estampilla pro hospital, acción interpuesta por el abogado y exdirector del CTI, Julian Quintana, relacionado en 2019 en la presunta participación de un cartel de corrupción por el presunto cobro de cuantías para procesos de extinción de dominio que investigó la Fiscalía.

En esta ocasión, Quintana aterriza en el Magdalena manifestando el supuesto retraso en el giro de cerca de 3 mil millones de pesos por concepto de estampilla al Hospital al Julio Méndez Barreneche, tema del que ha dicho Carlos Caicedo, ya “se hicieron giros por más de $8 mil millones de pesos”.

Con base en lo anterior, todo indica que desde la capital de la República, y de un día para otro, el Magdalena tiene un nuevo defensor, quien planteó en la demanda, “se puso en riesgo la vida y la salud de los enfermos y los profesionales de la salud” por el supuesto retraso del pago de la estampilla por el valor antes mencionado.

¿Por qué a Quintana le duele el Magdalena y por qué se habla de favor político?

Antes de entrar en detalles, Eventos Santa Marta pudo constatar que Danny Julián Quintana, cuenta con un prontuario de procesos judiciales y disciplinarios que han mojado prensa a nivel nacional haciéndolo merecedor de un sinnúmero de reproches por parte de la opinión pública.

Resulta que el exdirector del CTI, investigado por la presunta participación en el denominado cartel de la extinción de dominio por parte de la Fiscalía, también fue objeto de una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación por irrespetar la presunción de inocencia de Luis Alfonso Hoyos, “exasesor espiritual» de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 quien era investigado por el caso Hacker Sepulveda.

Por ese hecho, al exdirector le tocó retractarse por orden del Tribunal Superior de Bogotá, quien al igual que la Procuraduría estuvieron de acuerdo en que hubo una extralimitación de sus funciones.

Favor político.

Como fue de conocimiento público, en el último mes, el Tesorero Departamental del Magdalena, Eder Ojeda Carranza, presentó una queja disciplinaria en contra de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación, de nombre Alfredo Valencia Campo, al que señaló de ejercer coacción para la realización del giro asociado con el recaudo de la estampilla Pro-Hospital Universitario.

Pues resulta, que Valencia Campo, es cuñado del abogado Quintana, quien hoy demanda a Caicedo por el presunto delito de ‘prevaricato por omisión con circunstancia de mayor punibilidad’, al parecer, por no haber girado a tiempo los recursos de la estampilla pro hospital, pese a que ya se hizo tal y como lo dijo Caicedo.

Para el gobierno Caicedo, esta sería una respuesta más sin fundamento por parte de lo que denominan sectores de oposición en la región, quienes desde otrora se han ensañado en lo que parece ser un ataque político con fines de desestabilización política.

Asimismo, se relaciona a Quintana con el exgerente del Hospital Julio Méndez Barreneche, de quien casualmente existe un sin número de procesos por las presuntas irregularidades en el manejo financiero de esta institución, las cuales ha denunciado Carlos Caicedo.

Los hallazgos del Gobernador.

Inició con el informe de auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud, realizada en los meses de noviembre y diciembre del año 2019, que contenía un total de 59 hallazgos de tipo administrativo, financiero y disciplinario, relacionados con la administración del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en cabeza del gerente, ya exgerente desde el 31 de marzo, Tomás Díazgranados.

También presenta en detalle la presencia de 36 hallazgos, entre los cuales se destacan que el ex gerente del Hospital, Tomás Diazgranados, omitió el giro a la Gobernación del Magdalena de los recursos por concepto de recaudo de la estampilla, por valor de $11.683 millones de pesos, considerado por la Superintendencia Nacional de Salud como falta administrativa, financiera y disciplinaria, a los que consideró que, además, los utilizó sin que correspondieran al presupuesto de sus ingresos, violando lo establecido por la Asamblea Departamental.

El mismo informe señala que el Hospital “prestó servicios de salud a 21.826 usuarios en la suma de $21.247 millones que no han sido facturados, lo que genera un detrimento patrimonial”, según la Superintendencia Nacional de Salud.

Adicionalmente, el gerente del Hospital, Tomás Díazgranados, durante la primera quincena del mes de enero del año 2020, comprometió más de $21.000 millones de pesos mediante la celebración de más de (900) contratos, en un franco desacato a las directrices adoptadas ese mismo mes por la Junta Directiva.

Para el periodo fiscal 2018, el Hospital registró un pasivo de $ 41.702.000, que para la vigencia 2019, se incrementó en cerca de un 30%, finalizando con un pasivo (deudas) por valor de $54.023.000.

Además de lo anterior, en su condición de Gobernador y presidente de la Junta Directiva del Hospital, el día 5 de marzo, el mandatario de los magdalenenses presentó ante el fiscal general de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado, una solicitud de investigación y sanción penal sobre el señor Tomás Alfredo Díazgranados, por el delito de peculado, al haber recibido, por parte de la Gobernación de Magdalena en el año 2019, la suma de mil millones de pesos, con destinación específica al pago de pasivos (deudas), relacionados con impuestos con la DIAN, de lo cual solo cumplió con el pago de $97.000.000 millones, desconociéndose el destino final de los restantes $902.991.000 millones.

Así la cosas, el destape de una olla de corrupción, ha inclinado a qué personajes del orden nacional se enfrasquen en un hospital que pese a que históricamente poco o nada representa para el departamento en materia de atención hospitalaria, confirma haber sido la ‘gallineta de los huevos de oro’ de muchos que han pasado por su directriz y gobierno.

Comentarios de Facebook

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba