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Intervención del hospital JMB, tiene nombre propio: Un favor político del Centro Democrático

Asegura el gobernador Carlos Caicedo, que con la imposición de un interventor traído desde Bogotá, lo que buscan es maquillar la “olla podrida” en materia financiera y administrativa que en cuarenta días en la gerencia ha venido denunciando el gobierno de turno.

Para entender lo que está pasando al interior del hospital Julio Méndez Barreneche, es necesario conocer el paso a paso con relación a esta institución médica, desde que a la gobernación del Departamento llegó Fuerza Ciudadana luego de ganar las urnas.

A Carlos Caicedo, lo llenó de indignación el hecho que el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Ariztizabal, no le comunicara que este martes, se daría paso a la intervención institucional luego de que esta fuera solicitada por el mismo gobernador en el mes de febrero y en donde el funcionario nacional se habría comprometido a llevar a cabo.

En ese momento, se conoció que Caicedo Omar llegó hasta el órgano de control y vigilancia de la salud, para que de inmediato accionara en contra de las acciones administrativas ejecutadas por el saliente gerente, Tomas Diazgranados.

Se trataba de más de 59 hallazgos de inconsistencia financiera que tienen sumido al único hospital de primer nivel del territorio en una verdadera crisis, la cual a manera de resumen, equivale a más de 54 mil millones de pesos en pasivos y una millonaria cartera por cobrar de la que se sabe no hay viabilidad.

Dice Caicedo, que pese a recibir en febrero por parte del Superintendente un supuesto compromiso, este solo se dio 50 días después de que Diazgranados renunciara a la gerencia, y no obstante, el arribo de Ariztizabal a la ciudad de Santa Marta se da a 40 días de que la gerencia la asume un hombre de confianza de la administración Caicedo.

A esto se suma, de acuerdo a las denuncias del gobernador, que casualmente, la llegada del superintendente se da luego de que La Comisión Séptima del Senado pidió la intervención.

Lo más llamativo de la situación, es que dicha Comisión, está integrada por los senadores Álvaro Uribe, Eduardo Pulgar Daza, Fabián Castillo y Honorio Enriquez Pinedo, este último, dicho por Caicedo, es el alfil de la administración saliente encabezaba por la exgobernadora Rosa Cotes, quien es tía de su antecesor, el gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, quienes además de estar por más de una década en la gerencia del hospital, perdieron en las urnas democráticas del pasado mes de octubre.

Comisión 7ma del Senado.

A esto coyuntura familiar y político administrativa, se suma la crítica que cada día toma más eco, pues resulta que el actual Superintendente de la Salud, hasta las recientes elecciones del Senado, era otro aspirante al congreso de la Republica bajo el respaldo del partido Centro Democrático, quienes hoy integran la Comisión Séptima, y son quienes piden auditar lo hecho por los Cotes.

Es decir, que hasta hace solo un par de años, Fabio Ariztizabal, era compañero de bancada de ultra derecha que aspiraba a otra curul en el senado, y que luego ahogarse en las urnas, difícilmente actuará en contra de sus líderes políticos.

Fabio Aristizabal en campaña al congreso por el Centro Democrático.

Lo anterior sin contar, que quien es nombrado a suplir esa interventoria, Luis Gálvez, viene de ser criticado e investigado por parte de la Procuraduría con relación a la intervención del hospital público de Villavicencio en el departamento del Meta.

¿Tiene o no razón Caicedo en rechazar el accionar de la Superintendencia?

Mientras se busca la respuesta al interrogante que se hacen los magdalenenses, lo cierto es que a Caicedo le preocupa que con la llegada de los “amigos” de los Diazgranados y Cotes, desaparezcan los hallazgos del déficit financiero por el que debe responder única y exclusivamente Tomás Diazgranados, quien gerenció durante cinco años el hospital y que lo entrega en estado cercano a la liquidez que pone en jaque la salud de los que votaron por Caicedo en las pasadas elecciones.

En respuesta a esta realidad, el superintendente ha dicho que su función es venir a rescatar y salvar al hospital de las manos de los que lo han desfalcado.

Se comprometió públicamente con los magdalenenses y el país, a través de los micrófonos de La W, a no entregar, o mejor, a no devolverle a los Diazgranados y Cotes, el manejo del hospital, quienes han estado a cargo y han conducido al JMB a la UCI financiera en la que está sumida.

Pese a que el mensaje difundido por el medio de comunicación nacional, estuvo rodeado de un discurso ético en materia financiera, difícilmente se va a cumplir cuando se conocen las denuncias que ha hecho el gobernador Caicedo con relación a los alfiles que están detrás de este accionar.

Razón tiene Caicedo al desconfiar de Ariztizabal, más allá de lo antes anunciado y de los favores políticos, cuando se tiene de referencia que la salud de la ciudad de Santa Marta está intervenida hace más de un año por parte de la Superintendencia y no ha habido cambio o recuperación de lo que han calificado como una crisis administrativa.

En la actualidad, la administración de la Alcaldesa Virna Johnson no tiene acción en la salud distrital así como tampoco lo tendrá en el Departamento el gobernador Carlos Caicedo, dirigentes elegidos por los samarios y magdalenenses en las pasadas elecciones democráticas.

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Eduardo Luis Cantillo

Comunicador Social y Periodista - Universidad Sergio Arboleda Director Eventos Santa Marta
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