Región Caribe

5 años de prisión deberá pagar el Gobernador del Cesar

La defensa de Monsalvo apelaría la decisión. El mandatario goza del beneficio de prisión domiciliaria.

Por corrupción electoral, la Corte Suprema de Justicia condenó al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a 61 meses y 16 días de prisión domiciliaria tras encontrarlo culpable del delito de corrupción al sufragante.

Además, el alto tribunal lo multó con 301.58 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena principal, por haber suscrito un pacto con habitantes de una invasión a cambio de votos, en la campaña para su primera Gobernación en 2011.

Asimismo, la Corte ordenó al presidente Iván Duque separar a Monsalvo de su cargo como gobernador del Cesar, por lo cual el Jefe de Estado deberá comenzar el proceso para reasignar a un nuevo mandatario para el departamento.

El alto tribunal determinó que Monsalve “canjeó su apoyo electoral de personas necesitas e interesadas en permanecer en ese lugar, a cambio de que sufragaran en su favor”.

Estos hechos tuvieron lugar entre agosto y octubre de 2011 en un territorio en Valledupar llamado ‘Tierra Prometida’, donde Monsaldo firmó un documento con líderes comunales en el que se comprometía a incluir a la invasión en proyectos de construcción de vivienda a cambio de votos.

Este compromiso notariado fue suscrito, el 16 de octubre de 2011,  por ocho líderes comunales y por el entonces aspirante, quien además ganó las elecciones regionales.

Además, el alto tribunal reprochó que Monsalve “acudió a ciudadanos desprotegidos, víctimas del entonces conflicto armado, en una condición manifiesta de marginalidad, con la intención dolosa de alcanzar el falso favor de los electores merced a la prebenda corruptora manifestada en la promesa de dádiva analizada”.

Los hechos se dieron a conocer en su mandato, después de que la Corte Constitucional le ordenara el desalojo de las comunidades con las que había firmado la promesa, las cuales se movilizaron a la Gobernación para solicitarle que cumpliera con su palabra.

Por tal razón, la Fiscalía determinó que dicha promesa de campaña era un delito de corrupción al sufragante y así se lo hizo saber a la Corte Suprema cuando presentó el escrito de acusación en su contra y que, tras estudiar el caso, rectificó la responsabilidad de Monsalve en este caso.

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