Santa Marta

Con pruebas ante el juez, defensa del exalcalde Rafael Martínez, sustenta que no hay delito en la construcción de los centros de Salud

Así lo precisó una vez más el abogado Luis Carlos Torregroza, en el marco de las solicitudes probatorias ante el Juez de Conocimiento, de cara al juicio oral.

Se trata de la sustentación de las pruebas que presenta la defensa del ex burgomaestre en el proceso que adelanta la Fiscalía.

Para el jurista, las imputaciones contra el exmandatario no concuerdan con la realidad, toda vez que incurren en un error, al manifestar que estas no contaron con estudios previos para la obtención de licencias de construcción y permisos del Ministerio de Salud que permitieran las obras de renovación.

Con relación a ello, la defensa ha sido enfática y precisa que es todo lo contrario, pues señala que en los pliegos de condiciones se estableció que era un requisito de ejecución del contrato, razón por la que afirman que dichos señalamientos no tendrían sustento jurídico.

En el mismo proceso y ante los señalamientos de presunto delito de peculado, Torregroza indicó.

“Se trata de un anticipo que se le otorgó al contratista y que fue amortizado en el marco de a ejecución del contrato, es decir, que el préstamo se le fue descontando de manera sucesiva hasta descontar el cien por ciento”.

Concluyó que las obras están concluidas, en funcionamiento y al servicio de los samarios, al mismo tiempo que corresponden al avance financiero y de obra.

Vale precisar, que el proceso jurídico que implica la participación del exalcalde Martínez, transcurre en las audiencias preparatorias de cara al juicio oral, siendo ésta la etapa en donde se presentan las pruebas que serán incorporadas en el juicio.

Indicó que hasta la fecha, el juez no ha determinado qué pruebas serán decretadas toda vez que las audiencias aún no terminan.

“Las pruebas hasta ayer presentadas, sin duda alguna van a acreditar ante el juez que el exalcalde Rafael Martínez cumplió con el deber objetivo y cuidado al asegurar el anticipo y que la administración de los recursos se adelantaran a través de una fiducia encargada de verificar el descuento de amortización del anticipo y un supervisor e interventoría conforme a los cánones de la Ley 1474 del 2011.

Lo anterior, de acuerdo a la defensa, se contempla cómo la garantía para la ejecución del contrato.

Se espera que una vez concluyan las audiencias probatorias, se de paso al juicio oral, el cual se prevé en tres meses.

Comentarios de Facebook
Botón volver arriba