Magdalena

Denuncian que masacre laboral en la alcaldía (e) de Tenerife son favores políticos

De acuerdo a los ex funcionarios, el alcalde encargado, Richard Barros Perea, estaría orquestando ‘artimañas’ administrativas para lograr aplazar las elecciones atípicas del próximo 9 de Mayo y seguir a cargo del municipio.

Señalan los denunciantes dos anomalías que para ellos dejan en evidencia las intenciones políticas que tiene el mandatario Richard Barros Perea.

La primera, se refiere al despido masivo de funcionarios, según ellos, en ley de garantía, para cumplir favores políticos con exmandatarios que aún quieren saquear al municipio.

Mencionan los ciudadanos que ponen en conocimiento de estos hechos a la opinión pública, que se trata del exalcalde Jorge Mercado, quien presuntamente en alianza con otros ex burgomaestres, estarían manipulando las cifras de contagiados por COVID para instaurar una tutela que busca aplazar las elecciones atípicas de elección de alcalde del próximo 9 de mayo.

Vale recordar, que el municipio debe elegir al nuevo alcalde luego del fallecimiento del mandatario Fredy Ramos, elegido democráticamente y que murió a causa del virus.

Con intenciones de imponer nuevos funcionarios en los cargos y postergar la elección, los denunciantes ponen en evidencia irregularidades que no dejan crecer al municipio.

Con relación a la masacre laboral, se trata de cargos como, la secretaría de Salud, secretaría de Planeación, Oficina presupuestal, Tesorería, Recursos Humanos, entre otros.

Entre los funcionarios despedidos se encuentran Paulina Torregrosa Muñoz, Secretaria de Salud, Darwin de León Núñez, Secretario de Planeación, Emilio Turbay Urda, Jefe de Presupuesto, Sergio González Madero, Tesorero, Alberto Vanegas Wilches, Secretario del Interior, Miguel Arevalo Rodríguez, Jefe de Recursos Humanos y Edgardo Rivera conductor.

Los anteriores funcionarios preparan pliego de demandas en contra del municipio, porque a su consideración, a causa de la elección atípica del próximo 9 de mayo, el municipio se encuentra en ley de garantías electorales, ya que la misma se aplica pese a no ser una elección regional, de Congreso o Presidencial.

Concluyen, que las anomalías denunciadas y que comprometen al mandatario encargado, tienen como fin recaudar dineros para respaldar presuntamente la campaña del hoy candidato Andrés del Portillo, aspirante por el partido Liberal.

 

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