Magdalena

Denuncian a Diputados de sabotear proyectos del Magdalena

Ya son 25 proyectos hundidos de agua, educación y empleo para el Magdalena en la asamblea

Una vez más, el gobierno departamental denuncia los actos de bloqueo político y administrativo perpetrado por la bancada que conforman la Asamblea del Magdalena, luego de hundir los nueve proyectos de ordenanza con los que el Gobernador, Carlos Caicedo, buscaba beneficiar al pueblo, se trata de iniciativas de agua potable, educación superior, fuentes de empleo y demás acciones.

En total, ya son 25 proyectos de ordenanzas hundidos por la Asamblea que afectan más de 13 mil adultos mayores, deportistas, cerca de 180 mil niños de colegios públicos, jóvenes universitarios y la población más pobre de 29 municipios.

Estos nueve proyectos presentados por el Gobernador Caicedo el pasado 12 de julio ni siquiera pasaron a la instancia de primer debate, debido a que la presidenta de la Asamblea, Claudia Patricia Aarón, los designó después de 11 días a los presidentes de las comisiones: Gustavo Durán, William Lara duran y Julio Alzamora –diputados aliados de los uribistas congresistas del Magdalena, quienes designaron ponentes solo el pasado martes 27 de julio, es decir, durante un lapso que sobrepasa el reglamento interno de la corporación para el debate y la aprobación.

De esta forma, la Duma vuelve a golpear al pueblo tras haber hundido los proyectos: facultades para comprometer vigencias futuras destinadas a la inversión en Agua Potable y Saneamiento en el Magdalena por más de 146 mil millones de pesos entre 2023 y 2032; la tasa pro deporte y recreación para fomentar y estimular el deporte; la creación de la Secretaría de Equidad y Poder Popular; establecer beneficios tributarios al impuesto de vehículos automotores; establecer una condición especial para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y multas recuperando la cartera morosa y aliviar la situación económica de los deudores debido a la pandemia.

Disponer de vigencias futuras para financiar proyectos de alta prioridad en la garantía de derechos y atención de la población; entre otros.

Esta situación obliga a la administración departamental a acudir a recursos para el pago de sesiones extras con miras a que los diputados pongan a consideración la aprobación de los nueve proyectos, los cuales deberán ser presentados nuevamente, algunos por cuarta vez.

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