Colombia

Corte Constitucional tumba la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños en Colombia

La decisión se tomó basándose en una ponencia que apelaba a la dignidad humana, principio que se defiende en la Constitución de 1991.

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió tumbar, por seis votos contra tres, la ley de cadena perpetua para violadores, abusadores y maltratadores de menores de edad, conocida como la ‘Ley Gilma Jiménez’, luego de estudiar ocho demandas que pedían que se declarara inconstitucional.

 

La demanda fue radicada por el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes y fue la magistrada Cristina Pardo Schesinger quien presentó la ponencia para determinar que esta ley desconoce la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

 

Según la ponencia, la norma genera efectos graves para la dignidad humana de la persona que es condenada, y de cierta forma, para el sistema penitenciario actual.

 

El estudio de la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2020 se concentró en determinar si el Congreso de la República en su calidad de constituyente secundario excedió sus competencias para reformar la Constitución Política y desconoció ejes axiales de la carta, al eliminar la prohibición de la prisión perpetua en Colombia y establecer unos límites materiales y controles judiciales para su procedencia.

 

A juicio de los demandantes, el “Congreso de la República extralimitó su competencia y sustituyó los siguientes pilares axiales de la Constitución Política: (a) el modelo del Estado Social de Derecho y (b) el deber del Estado de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos”.

 

Para los dos ejes anteriores, los demandantes reiteran la línea jurisprudencial de la Corte que sostiene que el derecho a la resocialización es fundamental, igualmente, hacen referencia a las sentencias que desarrollan el contenido de este derecho y su relación con la dignidad humana.En la misma línea muestran que la jurisprudencia que sostiene que la cadena perpetua constituye un trato cruel, inhumano y degradante.

Adicionalmente, señalan que la lectura de la norma demandada a la luz del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia impide que los condenados accedan a mecanismos como la redención de pena, incentivos, beneficios y subrogados penales, lo que la convierte: “en un mecanismo meramente retributivo que solo busca infligir dolor en contra del penado y en consecuencia convierte dicha pena en un trato cruel, inhumano y degradante que rompe por completo con uno de los ejes transversales de nuestro ordenamiento constitucional, como lo es el respeto de la dignidad humana”.

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