Santa Marta

Centros de detención transitoria (URI) de Santa Marta tienen un hacinamiento del 590%

A nivel nacional también se vive esta grave crisis humanitaria, pero aquí el hacinamiento es del 194%.

La Defensoría del Pueblo informó que Santa Marta ocupa el segundo lugar entre las ciudades con  hacinamiento de sus  centros de detención transitoria, con un  porcentaje del 590%.

Se informó que esta  problemática de hacinamiento se agudizó por la pandemia del covid-19,  dado que marzo de 2020 el INPEC tomó la determinación de prohibir el ingreso de nuevas personas (condenadas y sindicadas) a sus cárceles.

Fue por este motivo,  que  la problemática histórica del hacinamiento  dentro de las cárceles, se trasladó a los centros de detención transitoria (URI de la Fiscalía y estaciones de Policía).

Las cifras son tan alarmantes, que para  el mes de agosto de 2021, estos centros contaban con 19.471 personas privadas de la libertad, pese a que  su capacidad máxima es de 6.727 personas, lo que representaba un 189% de hacinamiento, mientras que, para el mes de marzo del año en curso, los privados de la libertad en estos centros ascendían  a 20.951 personas, frente a una capacidad de 7.131 cupos, generando una alarmante cifra de 194% de hacinamiento.

Las nueve ciudades con mayor porcentaje de hacinamiento de sus centros de detención transitoria son: Bucaramanga con 835.6%, Santa Marta con 590%, Bogotá con 553.4%, Cúcuta con 491.4%, Riohacha con 333.7%, Medellín con 293.3%, Cali con 274.3%, Valledupar con 268% y Maicao con 208%.

El  Defensor del Pueblo Carlos Camargo, informó, “Estas cifras de hacinamiento se traducen en espacios inadecuados para dormir, consumir alimentos, facilita la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación, y aumenta el estrés entre la población privada de la libertad, lo que se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento, una de las razones por las que insistimos en la urgencia de la reforma integral al sistema penitenciario y carcelario”.

Asimismo, Camargo hace un llamado urgente a que todas las entidades públicas relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario tomen las medidas necesarias de manera oportuna para obligar a que los centros de detención cumplan con su estricta destinación legal y dejen de ser usados como establecimientos de reclusión permanente.

“Las personas privadas de la libertad que se encuentran

recluidas en estos lugares están sometidas a graves vulneraciones a sus derechos que impiden cualquier asomo de resocialización y generan amenazas a la vida e integridad tanto de los privados de la libertad como de la Fuerza Pública, que se ve obligada a asumir una tarea que se aleja de su misión constitucional”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

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Laura Carrillo Sierra

-Periodista - Presentadora -Guajira Enamorada de Santa Marta
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